“EL CASO BELARUS:

Análisis de la queja presentada en el 2003.”

CARLOS ANDRÉS PÉREZ GALLARDO
Abogado por la Universidad Nacional de Trujilllo.
Estudiante de la Maestría en Derecho del Trabajo y Seguridad Social
de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Publicado 6/12/2015

Monografía realizada con ocasión del curso de Comercio Internacional y Derechos Laborales de la maestría de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación intenta abordar el caso Belarus referente a la queja presentada en el 2003. Asimismo, se referenciará brevemente el contexto anterior a la presentación de este documento.

El análisis, en el primer capítulo, iniciará por realizar una explicación respecto al procedimiento aplicado por la Organización Internacional del Trabajo (en adelante OIT), con lo cual, describiremos el mecanismo de la Comisión de Encuesta aplicado al caso Belarus, con ello, podemos entender uno de los procedimientos de control de este organismo y dejar entrever otras posibilidades de protección.

Seguidamente, en el segundo capítulo, para poder entender lo sucedido, procuraremos sintetizar el procedimiento en el caso Belarus, sin ánimo de transcribir lo ya redactado en el informe emitido por la Comisión en el 2004, sino que será una síntesis que se resumirá en cuadro comparativo para poder apreciar la posición de los querellantes, la posición del Gobierno de Belarus y las conclusiones que arriba la Comisión de Encuesta, las mismas que sirven de sustento para sus recomendaciones.

Finalmente en el tercer capítulo se tratará de analizar el impacto de las violaciones de derechos laborales en las cláusulas sociales y la participación de la OIT. En este capítulo, se esbozará algunas ideas de cómo las violaciones de derechos laborales pueden o no influir en la aplicabilidad de cláusulas sociales, qué tan importante son para aplicar las condiciones de estas referidas cláusulas, o es que existen otros motivos que pueden primar. Asimismo, se tratará de explicar el rol de la OIT en estas quejas que se dilucidan a nivel internacional, teniendo en cuenta la ausencia de coacción de este organismo.

CAPITULO I

EL PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO APLICADO AL CASO BELARUS.

Para empezar este estudio es conveniente realizar algunas referencias breves sobre este organismo internacional. Como se conoce, éste fue creado en 1919 con el Tratado de Versalles, integrándose posteriormente a la Organización Internacional del Trabajo (en adelante OIT).

La OIT tiene una estructura tripartita en la que participan los empleadores, organizaciones de trabajadores a nivel internacional y por supuesto participación estatal.

El hecho de formar parte de este organismo, se adquieren obligaciones. Estas obligaciones son más concretas cuando un estado miembro adopta y ratifica convenios internacionales, esto implica someterse a procedimientos de control. La OIT ha desarrollado tres tipos de procedimientos: i) El procedimiento de control regular; ii) el procedimiento de control general y iii) y los procedimientos especiales de control.[1]

En el procedimiento de control general, en este procedimiento existen dos formas, las reclamaciones especificadas en el artículo 24 y 25 de la Constitución de la OIT. Y las quejas, regulado en el artículo 26 de la Constitución del referido Organismo internacional.

En el presente caso nos centraremos en las quejas dado que es el mecanismo que utilizó la representación de los trabajadores de Belarus para denunciar violaciones de derechos laborales frente a la OIT. En ese sentido en el los siguientes párrafos se explicará procedimentalmente esta figura de acuerdo a lo que se encuentra regulado en la Constitución de la OIT.

La queja puede ser presentada por cualquier Miembro ante la Oficina Internacional del Trabajo una queja contra otro Miembro que, a su parecer, no haya adoptado medidas para el cumplimiento satisfactorio de un convenio que ambos hayan ratificado en virtud de los artículos precedentes.

Seguidamente el Consejo de Administración podrá, si lo considerare conveniente y antes de referir el asunto a una comisión de encuesta, ponerse en contacto con el gobierno contra el cual se presenta la queja. En el caso materia de análisis, el Consejo de Administración se comunicó con el gobierno de Belarus para informarle del procedimiento, otorgándole un plazo prudente para una respuesta. Independientemente de ello, el Consejo de Administración podrá nombrar una comisión de encuesta encargada de estudiar la cuestión planteada y reportar un informe. En la misma línea se actuará de oficio o en virtud de una queja presentada por un delegado de la Conferencia.

Ahora bien, en caso de que se decidiera someter a una comisión de encuesta una queja recibida en virtud del artículo 26, cada Miembro, le concierna o no directamente la queja, se obliga a poner a disposición de la comisión todas las informaciones que tuviere en su poder relacionadas con el objeto de dicha queja. Tal es así que en el presente caso, el Gobierno de Belarus, brindó información respecto a la queja que se había interpuesto.

Después de revisar la información remitida por las partes (en el caso de Belarus incluso hubo audiencias presenciales), la comisión de encuesta redactará un informe en el cual expondrá el resultado de sus averiguaciones sobre todos los hechos concretos que permitan precisar el alcance del litigio, así como las recomendaciones que considere apropiado formular con respecto a las medidas que debieran adoptarse para dar satisfacción al gobierno reclamante, y a los plazos dentro de los cuales dichas medidas debieran adoptarse.

Luego que la comisión elabora el informe, el Director General de la Oficina Internacional del Trabajo lo comunicará al Consejo de Administración y a los gobiernos a los cuales concierna la queja, y procederá a su publicación. Es necesario precisar que cada uno de los gobiernos interesados deberá comunicar al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, dentro de un plazo de tres meses, si acepta o no las recomendaciones contenidas en el informe de la comisión y, en caso de que no las acepte, si desea someter la queja a la Corte Internacional de Justicia. Posterior a ello, se procederá a realizar los requerimientos al gobierno para que pueda informar sobre la adopción de las recomendaciones que se originaron en el informe de la Comisión de Encuesta. En el caso de Belarus como se verá más adelante, el comportamiento de este país fue esquivo.

CAPITULO II

SÍNTESIS DEL CASO BELARUS EN LA OIT:

A PROPÓSITO DE LA QUEJA PRESENTADA EN EL 2003.

Es conveniente realizar una síntesis de este caso, para poder luego abordar aspectos centrales que serán discutidos en el tercer capítulo de este trabajo de investigación. Lo que a continuación se redacta se basó principalmente en un informe emitido por la Comisión de Encuesta en el 2004.

El 18 de Junio de 2003, 14 delegados trabajadores presentaron una queja en virtud del artículo 26 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) referente al incumplimiento de Convenio 87 (Libertad sindical y protección del derecho de sindicación) y Convenio 98 (derecho sindicación y negociación colectiva), ambos ratificados por Belarus en 1956.

La carta trata sobre 14 puntos que a líneas generales, tratan sobre injerencia gubernamental en temas sindicales, materializados en asuntos internos, en promulgación de normas, negativa de registros, acoso y amenazas, entre otras actividades antisindicales.[2]

Asimismo, cabe precisar que en años anteriores el Comité de Libertad Sindical había examinado varias quejas por violación de derechos sindicales en Belarús. El Consejo de Administración aprobó las conclusiones provisionales aprobadas por el Comité. El Gobierno invitó a una misión para discutir sobre las cuestiones relativas a este caso, misión que se llevó a cabo en septiembre de 2003. En otras oportunidades la comisión de expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones ha formulado observaciones al Gobierno de Belarús en relación con el cumplimiento de los convenios a que se refiere la queja presentada de conformidad con el artículo 26 de la Constitución, y que en los años 2001 y 2003 la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia examinó diversas cuestiones relacionadas con el cumplimiento del Convenio Num 87 en la legislación y en la práctica.

En esta oportunidad la queja materia de estudio, ha sido presentada al amparo del artículo 26 de la Constitución de la OIT, se refiere en gran medida a cuestiones que ya han sido sometidas al Comité en el marco del procedimiento especial relativo a la Libertad Sindical, por lo que en esta ocasión el Consejo de Administración procederá con el establecimiento de una comisión de encuesta, tal como se especificó líneas arriba en el primer capítulo.

La comisión se celebró en Ginebra, los días 28, 29 y 30 de enero de 2004, en esta se estableció que la Constitución de la OIT no fija las reglas de procedimiento que ha de seguir una Comisión de Encuesta. El consejo de Administración decidió que ellos mismos establecieran sus reglas. Se adoptó reglas que se respetarían en la segunda reunión incluía una misión a Minsk (15 al 23 de Abril de 2004) y una audiencia formal en Ginebra (27 y 28 de Abril de 2004). Tercera reunión: Del 19 al 23 de Julio de 2004 en la que se realizaron reportes finales.

La República de Belarús se hizo miembro de las Naciones Unidas en 1945 y de la OIT en 1954. Asimismo, ratificó instrumentos internacionales. En el ámbito que nos importa en esta monografía, se adhirió al Convenio sobre la Libertad Sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (num. 97) y el Convenio sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva, 1949 (num. 98) en 1956.

En la parte del análisis, es conveniente realizar una síntesis de lo que la Comisión de Encuesta arrojó en su informe, claro, luego de haberse determinado los argumentos e información obtenidos de las partes, declaraciones orales y testimonios. De los 14 puntos anteriormente señalados, la Comisión de Encuesta decidió agrupar sus conclusiones en los siguientes puntos:

	QUERELLANTES	ESTADO	COMISIÓN DE ENCUESTA - OIT
Decreto Num. 2: Registro de sindicatos.	La aplicación de este decreto volvió difícil el registro para algunas organizaciones de primer grado. Una de las principales requisitos en cuestión era: La confirmación del domicilio legal de la asociación, esto resulta complicado respecto a la obtención de locales que puedan ser usados para establecer domicilio legal. Los empleadores no están obligados a dar espacios a los sindicatos para ello.	La confirmación del domicilio es un requisito perfectamente simple y razonable, como lo argumenta el Gobierno. Las residencias privadas y garajes, no son aceptables para el uso de sede de estas organizaciones.	La Comisión concluye que el problema no es meramente la incapacidad de cumplir con exigencias razonables para el registro, sino que existen varios motivos para cuestionar si el decreto num 2 fue aplicado arbitrariamente. El requisito mínimo del diez por ciento y la exigencia de un domicilio legal constituyen obstáculos. En el último caso, impide la libre constitución de organizaciones sindicales y afecta solamente a aquellas que no pertenecen a la estructura de la FPB o se oponen a su dirigencia, por lo que al considerarse estos requisitos como una autorización previa, estaría contraviniendo al artículo 2 del Convenio 87 el cual señala el derecho a los trabajadores a constituir y afiliarse a organizaciones de su propia elección, sin autorización previa.
Decreto Num. 2: Registro de sindicatos.	Respecto al requisito del diez por ciento mínimo de los miembros de la empresa para constituir un sindicato autónomo del ámbito, resulta excesivo.	Precisa que no es un obstáculo para la creación de un sindicato dado que se aplica a sindicatos autónomos y no a organizaciones de base creadas por sindicatos nacionales.
Injerencia en los asuntos internos de los sindicatos	Los querellantes mostraron pruebas de las injerencias del Gobierno en los asuntos internos de los sindicatos en lo que respecta a elecciones, presión de directivas a menguar la actividad sindical, a creación de sindicatos paralelos y a la intervención del FPB.	Señala que no existen medidas de injerencias si se han dado instrucciones en contra de la actividad interna de los sindicatos.	La Comisión concluye que la independencia de la FPB ha sido seriamente comprometida bajo la dirección del Sr. Kozik. Agrega que bajo su liderazgo, la FPB ha consentido diversas medidas que provocaron el debilitamiento del movimiento sindical independiente, particularmente del REWU y el AAMWU. Lo anteriormente señalado, implicaron serios obstáculos en el camino de sindicalistas que aspiraban a ejercer sus derechos de sindicación libremente y en sindicatos independientes.
Discriminación antisindical, acoso y actos de represalia.	Los querellantes precisaron y probaron que recibieron amenazas para persuadir de que cambiaran su afiliación sindical o se abstuvieran de actividades sindicales y sobre actos de represalia que se negaban a ser intimidados, como por ejemplo, descensos de categoría, traslados, nivel local, no renovación de contratos, entre otros. E incluso agresiones físicas, arrestos y detenciones.	EL gobierno niega y no toma en serio los alegatos referidos a este punto.	La Comisión considera que el Gobierno no ha cumplido con su obligación, en virtud del Convenio num. 98, de garantizar medidas efectivas de protección contra la discriminación antisindical, acompañadas por sanciones suficientemente disuasivas, ni ha asegurado adecuadamente el derecho de los trabajadores a constituir y afiliarse a las organizaciones que estimen conveniente, con lo dispone el artículo 2 del Convenio num. 87.
Legislación con efectos sobre los sindicatos	En este punto se refiere al decreto núm. 24, relativo al uso de ayuda exterior bajo la forma de donaciones y a la ley sobre actividades de masas. Los querellantes precisan que mediante esta normatividad se mantuvo limitaciones al uso de la ayuda exterior gratuita, así como las limitaciones de llevar a cabo reuniones públicas, cortejos, marchas callejeras, manifestaciones, huelgas, entre otros.	Para el Gobierno estas medidas sólo buscan volver más transparente la situación anterior y a crear un procedimiento rápido y simple para el registro de ayuda externa. En cuanto a las actividades de masas, precisa que sólo se establece un procedimiento que es necesarios para la protección de los derechos de la comunidad en general y para garantizar la ley y el orden.	La Comisión basándose en los artículo 5 y 6 del Convenio núm. 87 implica el derecho a beneficiarse de las relaciones establecidas con organizaciones internacionales de trabajadores o empleadores. El impedimento de este derecho por parte del decreto num 24 no está acorde con el Convenio antes referido, es decir, son incompatibles con el derecho de las organizaciones de trabajadores y de empleadores a organizar sus actividades y a beneficiarse de la asistencia que pueden prestar las organizaciones internacionales de trabajadores. Asimismo, la Comisión considera que la disposiciones del Gobierno respecto a las actividades de masa constituyen una violación a los derechos de las organizaciones sindicales a organizar sus actividades libremente, sin injerencia de las autoridades públicas, tal como lo dispone el artículo 3 del Convenio num. 87.
Interlocución social	Los querellantes precisan que la anulación de sus registros ha impedido su derecho a la negociación colectiva al perder su representatividad.	El Gobierno avala las normativas relacionadas a las limitaciones a la libertad sindical y precisa restricciones de representación y formación de sindicatos al existir numerosos sindicatos sectoriales de la FPB.	La Comisión estima que restringir el diálogo social a una sola Federación de sindicatos, cuya independencia ha sido cuestionada, traería como consecuencia generar un monopolio de un sindicato controlado por el Estado e infringir el derecho de los trabajadores contemplados ene l artículo 2 del Convenio 87, a constituir las organizaciones que estimen conveniente y afiliarse a ellas.

CAPITULO III

IMPACTO DE LAS VIOLACIONES DE DERECHOS LABORALES

EN LAS CLÁUSULAS SOCIALES Y LA PARTICIPACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LA OIT.

En este capítulo vamos a relacionar las violaciones de derechos laborales en este país y las implicancias desde el punto de vista de las cláusulas sociales, este último término relacionado con el Comercio Internacional.

Respecto a las violaciones laborales, como habíamos apreciado del informe de la Comisión de Encuesta, se ha cuestionado el requisito mínimo del diez por ciento y la exigencia de un domicilio legal constituyen obstáculos. En el último caso, impide la libre constitución de organizaciones sindicales y se ven afectadas solamente aquellas que no pertenecen a la estructura de la FPB o se oponen a su dirigencia, por lo que al considerarse estos requisitos como una autorización previa, estaría contraviniendo al artículo 2 del Convenio 87. Asimismo, el Gobierno no ha cumplido con su obligación, en virtud del Convenio num. 98, de garantizar medidas efectivas de protección contra la discriminación antisindical, acompañadas por sanciones suficientemente disuasivas. Por otro lado, cuestiona las prohibiciones de la ayuda internacional. Otro punto importante, es respecto a los obstáculos a las actividades de masa, lo cual constituye una violación a los derechos de las organizaciones sindicales a organizar sus actividades libremente, sin injerencia de las autoridades públicas, tal como lo dispone el artículo 3 del Convenio num. 87.

Ahora bien, Bielorrusia desde la década de los años noventa formó parte del Sistema Generalizado de Preferencias. Este sistema es un programa de Estados Unidos, la finalidad de este programa es fomentar el crecimiento económico de los países en desarrollo aplicando mecanismos comerciales, entre ellos principalmente la preferencias comerciales, entre ellas, reducciones arancelarias. Por otro lado, estos beneficios estaban supeditados a protección de derechos laborales, entre ellos, los relacionados a libertad sindical, caso contrario se sometían a sanciones de suspensión o exclusión.[3]

Este tipo de sistemas, tal como se ha visto en las sesiones de este curso y en la doctrina especializada, se les denomina cláusulas sociales y al ser preferencias comerciales es una ventaja comercial, se las considera de carácter positivo.

En el caso de Bielorrusia, para gozar de estos beneficios del referido sistema tenía como cláusula social la protección de derechos laborales relacionados principalmente a la Libertad Sindical y como hemos apreciado la problemática referente a la protección de estos derechos se vio afectada por el propio gobierno como se explicó líneas arriba. Tal es así que se planteó la queja del año 2003, a pesar que anteriormente ya se habían denunciado temas similares en aquel país.

Al respecto, en el año 2000, el Sistema Generalizado de Preferencias dirigido por Estados Unidos tomó la decisión de suspender de este sistema a Bielorrusia, en el contexto de una crisis económica que tuvo sus orígenes en el autogolpe de Lukashenko y volvió económicamente inestable a este país sumado a ello la pérdida de confianza de la inversión extranjera. Es conveniente precisar que previa a la referida suspensión existieron problemas de índole económico, político y diplomático entre Estados Unidos y Bielorrusia.

Para los autores Lanza A. Compa y Jeffrey S. Vogt, considera que es muy evidente que la decisión suspender las preferencias comerciales a Bielorrusia, es decir, el proceso desde la petición inicial haya durado sólo 3 años. Para ellos, fue bastante rápida en comparación con las revisiones prolongadas de varios otros países, algunos de los cuales nunca resultaron en suspensión.[4]

Los autores explican que la celeridad se debió al parecer al debido volumen insignificante de comercio entre los Estados Unidos y Bielorrusia y ejemplifica que el valor de las importaciones de Bielorrusia sólo era de $ 26.7 millones para el año de 1999.[5]

Por otro lado, comparan este suceso con la negativa del gobierno de suspender los beneficios comerciales para Tailandia, a pesar de una considerable evidencia de violaciones de derechos laborales, incluso después de una revisión de 8 años. Es de precisar que Tailandia siempre ha sido criticada por estas violaciones como por ejemplo las críticas formuladas contra el gobierno tailandés, uno de ellos, citan los autores, fue la Ley de Relaciones Laborales Empresa Estado de 1991, que prohibió los sindicatos en las empresas estatales y el acoso a dirigentes sindicales.

Para Compa y Vogt, la negativa a la suspensión a Tailandia, tiene su motivo en la importancia de la relación comercial entre los Estados Unidos y Tailandia. De acuerdo con un informe publicado por La Asociación del Comercio, Tailandia ha sido siempre uno de los principales usuarios del SGP. Precisan que los Estados Unidos importaron más de $ 2.2 mil millones de bienes elegibles de Tailandia libres de impuestos en 2000. Para nuestra posición, en el caso de Tailandia, la aplicabilidad y efectividad de la cláusula social no tuvo impacto alguno, siendo relegada a un segundo plano.[6]

La idea central, y opinión que compartimos con los autores citados, fue que si bien la decisión de suspender a Belarús fue justificada, además de las violaciones derechos laborales, la motivación principal fue el impacto de importancia a la economía de EE.UU, es decir, primó el aspecto económico.

Por lo que, consideramos que lo que debe primar para la suspensión de las preferencias comerciales es lo relacionado a la observancia de los trabajadores internacionales los derechos como condición de una cláusula social, lamentablemente en el caso de Bielorrusia, lo que primo fue el aspecto económico. Esto nos permite inferir que la cláusula social se perjudicó su naturaleza desde el punto de vista jurídico y ético.

De lo anteriormente expresado, cabe preguntarse cómo podemos asegurarnos que la aplicación de una cláusula social pueda realmente cumplirse ante violaciones de derechos laborales. Es probable que esta interrogante también nos invite a preguntarnos cuál es la participación del Organismo especializado en temas laborales como lo es la Organización Internacional del Trabajo.

Al respecto de los procedimientos de la OIT, nos hemos referido en el primer capítulo, en este capítulo, esbozaremos algunas ideas referente a la actuación de este organismo.

Luego del informe emitido por la Comisión de Encuesta en el 2004, en los años posteriores, el comportamiento del gobierno de Belarus fue esquiva y de poca colaboración, algunos pasos se avanzaron en la implementación; sin embargo, la situación no ha variado sustancialmente, opinión compartida por los autores Colin Fenwick, Tonia Novitz en un balance que hicieron del caso en el año 2010. Incluso para el año 2013, la OIT insistía en varios puntos que se indicaron en el 2004 en el reporte emitido por la comisión de encuesta. [7]

Los autores Fenwick y Tonia Novitz se preguntan por los procedimientos de la OIT si es un mecanismo efectivo para la protección de derechos laborales. Al tratar de encontrar una explicación, precisan que a pesar de los incumplimientos por el gobierno de Belarus, es probable que el contexto de este país en caso no exista este organismo internacional en encuentre en una situación peor. [8]Esto nos trae consigo un elemento más para analizar, referente a la ausencia del poder de coacción por parte de este Organismo y al poseer con herramientas sancionadoras tal vez puede que las recomendaciones que efectúan demoren en cumplirse en el tiempo; sin embargo, su participación como ente orientador sigue siendo vital para el desarrollo de los derechos laborales a nivel internacional.

CONCLUSIONES

- El procedimiento que realizó la Comisión de Encuesta en el caso Belarus, encontró que la queja planteada presentaba situaciones que contravenían a los Convenios Internacionales de la OIT referente a Libertad Sindical.

- A pesar de las recomendaciones en el informe de la Comisión de Encuesta, el gobierno de Belarus fue esquivo y la situación referente a la queja presentada no ha variado sustancialmente.

- El Sistema Generalizado de Preferencias ha suspendido los beneficios comerciales a Belarus, a pesar que en otros casos ante flagrancias de violaciones de derechos laborales no ha ocurrido así dado que esos países contaban con un tráfico comercial importante, situación que no ha ocurrido en Belarus y por ello su suspensión muy acelerada.

- Suspensión de los beneficios comerciales no se deben principalmente a condiciones establecidas por las cláusulas sociales, sino que puede obedecer a otros motivos, principalmente de carácter económico, con la cual, se desnaturaliza su aplicación.

- La OIT es un organismo que carece de coacción; sin embargo, su participación es vital para la orientación del respeto de los derechos laborales a nivel internacional.

BIBLIOGRAFÍA

- CANESSA, Miguel. La protección internacional de los derechos laborales. Editora Tirant to Blanch. Valencia. 2008. 574 pp.

- COMPA, Lance A y VOGT Jeffrey S. Labor rights in the generalized system of preferences: A-20 year review. Cornell University ILR School.. Disponible en Internet: http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1172&context=articles

- TORTELL, Lisa.The ILO, freedom of association and Belarus de (OIT). En: Human rights at work: Perspectives on Law and Regulation editado FENWICK, Colin y NOVITZ,Tonia Bloomsbury Publishing. Disponible en Internet: https://books.google.com.pe/books?id=rA_cBAAAQBAJ&pg=PA383&lpg=PA383&dq=The+ILO,+freedom+of+association+and+Belarus+de+Lisa+Tortell+(OIT).&source=bl&ots=EHgRuZSgaE&sig=WHaJ0Lj7argeHbsPJFyH1sbk624&hl=es-419&sa=X&ei=zX-ZVdHdL8abNqjNubgF&ved=0CDUQ6AEwBA#v=onepage&q=The%20ILO%2C%20freedom%20of%20association%20and%20Belarus%20de%20Lisa%20Tortell%20(OIT).&f=false

[1] CANESSA, Miguel. La protección internacional de los derechos laborales. Editora Tirant to Blanch. Valencia. 2008. Pag. 389 y ss.

[2] 1. la injerencia gubernamental en los asuntos internos de los sindicatos, inclusive en cuestiones como las elecciones sindicales o la celebración de congresos, conferencias y otras reuniones estatutarias de los órganos directivos de los sindicatos a nivel nacional, regional y local; 2. la adopción y promulgación de leyes y decretos-leyes antisindicales; 3. la negativa al registro de las organizaciones sindicales; 4. el acoso y las amenazas, incluidas las amenazas de tipo físico; 5. los traslados arbitrarios de dirigentes, afiliados y activistas sindicales; 6. la destitución, el despido o la dimisión forzada de dirigentes sindicales electos de sus cargos lectivos o ejecutivos dentro de los sindicatos; 7. la dimisión forzada de los trabajadores a su afiliación sindical; 8. la negativa de las autoridades gubernamentales y de los empleadores a proporcionar a los sindicatos los medios necesarios para llevar a cabo sus actividades legítimas, incluidos los medios materiales, como, por ejemplo, un domicilio jurídico, lugar para oficinas o instalaciones provistas de electricidad y equipos de telecomunicaciones;9. la anulación de instalaciones destinadas a recaudar la cotización sindical por retención en nómina; 10. la injerencia en la libre disposición de las cuotas sindicales y la cotización sindical; 11. la congelación de las cuentas bancarias de los sindicatos; 12. la denegación del derecho de las organizaciones sindicales nacionales a tomar parte en reuniones reglamentarias con las instituciones de trabajo tripartitas del país; 13. la ausencia de consulta a las organizaciones representativas nacionales en relación con la designación del representante trabajador de la delegación nacional en la Conferencia Internacional del Trabajo; 14. otras violaciones graves a los derechos sindicales

[3] COMPA, Lance A y VOGT Jeffrey S. Labor rights in the generalized system of preferences: A-20 year review. Cornell University ILR School. Pág. 203. Disponible en Internet: http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1172&context=articles

[4] COMPA, Lance A y VOGT Jeffrey S. Labor rights in the generalized system of preferences: A-20 year review. Cornell University ILR School. Pág. 231 y ss. Disponible en Internet: http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1172&context=articles

[5] COMPA, Lance A y VOGT Jeffrey S. Labor rights in the generalized system of preferences: A-20 year review. Cornell University ILR School. Pág. 231 y ss. Disponible en Internet: http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1172&context=articles

[6] COMPA, Lance A y VOGT Jeffrey S. Labor rights in the generalized system of preferences: A-20 year review. Cornell University ILR School. Pág. 231 y ss. Disponible en Internet: http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1172&context=articles